Por iniciativa del Gobierno extremeño, el Parlamento regional va presentar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa bajo tramite de urgencia para la modificación de la Ley del Suelo estatal.
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2022/04/01/extremadura-propondra-congreso-cambiar-ley-64543540.html

Esta modificación incluye una disposición transitoria única bajo el título “Usos del suelo y transformaciones urbanísticas afectadas por resoluciones judiciales pendientes de ejecución material” por la cual los usos del suelo y transformaciones urbanísticas aprobadas en espacios naturales protegidos y en espacios de la Red Natura 2000 aprobados antes de la modificación quedarán legalizados cuando sean compatibles con la protección de los valores que el plan o programa de gestión hubiera establecido con carácter previo. Será la Administración quien acredite esta circunstancia ante la Administración o Tribunal competente en el incidente de ejecución pendiente, señalando las razones “imperiosas” que avalen su mantenimiento (no demoler). En estos casos no se admitirá́ el restablecimiento de los terrenos a su situación anterior si se derivaran perjuicios mayores para el medio ambiente, la protección del patrimonio cultural o cualesquiera otros valores constitucionales.

Ecologistas en Acción ha puesto el grito en el cielo ante lo que entiende es un traje a medida con el que salvar lo urbanizado y edificado en la Isla de Valdecañas, hoy sometido a una inevitable demolición bajo imperio de lo dispuesto por la Justicia – Supremo y Constitucional incluidos –

Escribimos sobre lo sucedido en el diario Cinco Días:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/18/legal/1645188197_318100.html

Vaya por delante que no comparto el criterio de fondo de Ecologistas en Acción, pues pienso que los desarrollos urbanísticos no son incompatibles con los valores ecológicos, pudiendo – y debiendo -, conseguir un equilibrio entre desarrollo económico y protección natural. En el caso de Valdecañas, por su diseño, el valor intrínseco de suelo sobre el que se concibió y la necesidad en la economía local, el balance resultaba positivo, olvidando posturas maniqueas.

Sin embargo, como se apuntó, el argumento jurídico de Ecologistas en Acción resultaba impecable y demoledor, y así fue bendecido instancia tras instancia, hasta lo más alto de la pirámide jurisdiccional. En el ínterin de aquel proceso ya se produjo un intento de legalización post-temporal y retroactiva con la modificación del art. 11 de la Ley del Suelo de Extremadura, por el cual se habilitaba lo ya hecho. Hoy es igual, solo que virtud de lo señalado por el Supremo y Constitucional, donde se indicó que la ley autonómica no podía vulnerar la legislación estatal relativa al no urbanizable de espacial protección, hoy se apunta más alto en un intento de modificar ésta, la estatal, con la que dar cobertura a lo ya ejecutado, evitando así, claro, su demolición a través de esta disposición transitoria a todas luces transparente en su intención. Y este es el debate que de fondo se plantea. O adoptamos un criterio utilitarista y modulable de la Justicia, la cual puede adaptarse a posteriori contra los criterios adversos de imposición judicial, o, por el contrario, asumimos que la legalidad debe ser implacable en su ejecución – dura lex sed lex -.

Sin duda, soy del segundo criterio. Y es que, si Ecologistas en Acción tuvo razón en su argumento, el que resultó intachable, y así fue ratificado por resolución judicial firme, la Ley debe imperar sin quiebra. Es una cuestión de seguridad jurídica. No ya para los propietarios, la Junta o las aves, sino para propio sistema.

Creo que sería conveniente salvar lo construido en la Isla de Valdecañas. Es más, que fuera desarrollada en su totalidad como inicialmente se diseñó, sin ejecuciones parciales que la limitaran, pues el desarrollo resultaba transcendente a la economía local y, en sinceridad, no creo que supusiera un impacto negativo sobre los valores ecológicos de la zona. Sin embargo, la iniciativa legislativa plantea de facto un indulto administrativo con el que no puedo comulgar. Si creemos en el Derecho, debemos mantener sus elementales cimientos. Es el imperio de la Ley.

El origen de este “dislate” solo fue político y los errores no pueden ser corregidos con más errores.

José Méndez.
Abogado Director en MÉNDEZ LIT